Registrar una obra, propiedad intelectual digitalmente, registro online, en Andalucía es un 46,154% más caro que en el resto de España.

¿Qué sentido tiene registrar una obra en un organismo público que no defiende al creador y autor de una obra o propiedad intelectual, sino que su propia administración pública, vulnera y le obliga a ir a juicio para defender sus derechos?

Como el semáforo flamenco, una obra registrada en la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía y vulnerada por el Ayuntamiento de Granada, una ciudad que además pretende ser capital europea de la cultura en 2031.

Las instituciones que certifican la propiedad intelectual (como oficinas de patentes, registros de marcas, entidades de gestión de derechos de autor así como entidades públicas que certificadoras, como la consejería de cultura) deben tener un papel esencial en la protección de la creatividad y la innovación. Su función no se debe limitar a registrar y otorgar derechos, sino que también deben actuar como garantes frente a las administraciones públicas que, en ocasiones, vulneran estos los derechos.

¿Qué papel deben tener las instituciones certificadoras de propiedad intelectual frente a las administraciones públicas?

1. Defensa de los derechos registrados: Estas instituciones deben velar por el cumplimiento de las normativas de propiedad intelectual, incluso cuando las administraciones públicas incurren en infracciones, como el uso indebido de obras protegidas, la reproducción no autorizada o la omisión de compensaciones a los creadores.
2. Mediación y resolución de conflictos: Deben actuar como mediadores imparciales, proporcionando mecanismos para resolver disputas entre los titulares de derechos y las entidades públicas, evitando que estas últimas abusen de su posición de poder.
3. Sensibilización y formación: Es fundamental que promuevan la educación sobre propiedad intelectual en el sector público, fomentando el respeto por los derechos de autor y patentes en proyectos gubernamentales, licitaciones o políticas públicas.
4. Colaboración con el sistema judicial: Cuando una administración pública vulnera la propiedad intelectual, las instituciones certificadoras deben proporcionar pruebas claras y registros fiables para apoyar los procesos legales, garantizando que los creadores puedan defender sus derechos.
5. Presión por políticas públicas coherentes: Estas entidades deben abogar por regulaciones que equilibren el interés público con el respeto a la propiedad intelectual, evitando expropiaciones injustificadas o usos no consentidos bajo el pretexto del «bien común«.

En un contexto donde las administraciones públicas a veces ignoran o desconocen los límites de la propiedad intelectual, las instituciones certificadoras deben ser un pilar de autoridad técnica y ética, asegurando que los derechos de los creadores sean respetados sin excepción.

Las instituciones deben actuar frente a las administraciones públicas gestionando la propiedad intelectual de forma activa para facilitar su reutilización, ya sea mediante la imposición de licencias adecuadas en los contratos públicos o fomentando que los titulares cedan los derechos de explotación. Es fundamental que las administraciones públicas promuevan la transparencia y la difusión del conocimiento y el contenido que generan, en línea con las políticas de gobierno abierto y de datos para la reutilización. 

Acciones clave para las instituciones:

• Promover la política de gestión de propiedad intelectual: Las instituciones deben adoptar una política proactiva para gestionar su propiedad intelectual con el objetivo de facilitar la reutilización de los documentos que poseen. Esto implica una estrategia clara en cuanto a derechos de autor y licencias.
• Fomentar la cesión de derechos de explotación: Siempre que un tercero ceda derechos de propiedad intelectual a una institución pública, esta debe intentar que la cesión incluya los permisos para la reutilización de acuerdo con la normativa aplicable (como la Ley 37/2007 en España).
• Imponer licencias en contratos públicos: Cuando la administración pública es la promotora de una relación jurídica (por ejemplo, mediante un contrato), debe asegurarse de que las condiciones de la propiedad intelectual se especifiquen correctamente en el contrato, especialmente en lo referente a derechos de autor y licencias de uso.
• Garantizar la protección de la propiedad intelectual: Las instituciones también deben proteger sus propios activos digitales implementando medidas como el cifrado, marcas de agua y el registro de sus obras en la oficina de derechos de autor pertinente para evitar el acceso o la copia no autorizada. 

CUAL DEBE SER EL OBJETIVO DE LAS INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

El objetivo general debe ser equilibrar la protección de la propiedad intelectual con el acceso a la información pública para fomentar la innovación y la reutilización del conocimiento. Esto requiere una gestión estratégica y el uso de herramientas legales y tecnológicas adecuadas.

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