Las instituciones que certifican la propiedad intelectual (como oficinas de patentes, registros de marcas, entidades de gestión de derechos de autor así como entidades públicas que certificadoras, como consejerías de cultura) deben tener un papel esencial en la protección de la creatividad y la innovación. Su función no se debe limitar a registrar y otorgar derechos, sino que también deben actuar como garantes frente a las administraciones públicas que, en ocasiones, vulneran estos los derechos.
